Manzanares aborda los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad

La conferencia, titulada ‘Derecho, inclusión y justicia social. El rol de los poderes públicos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad’, fue impulsada conjuntamente por el CADI de Manzanares y la Asociación Laborvalía, con el objetivo de abordar la inclusión desde el punto de vista legislativo cuya evolución ha estado marcada por un modelo centrado en la persona. El director del CADI, Jesús Gracia, recalcó la importancia del papel que desempeñan los poderes públicos en la atención de los derechos de las personas con discapacidad y subrayó la necesidad de “conjuar todos los intereses y poner a las personas con discapacidad en el centro”.

Gracia destacó que atender a este colectivo requiere una formación muy específica y es por ello que aseguró que apostar por este tipo de jornadas es fundamental para empoderar, desde el aprendizaje y el conocimiento, tanto a profesionales como a familias y a representantes del tercer sector social.

La conferencia corrió a cargo de Sergio Sánchez, asesor jurídico de Laborvalía. Con una amplia vinculación con el ámbito jurídico y formativo de la discapacidad, el ponente, coordinador de la Clínica Jurídica adherida a la Cátedra de Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla la Mancha, estructuró su exposición partiendo de la norma suprema del ordenamiento jurídico español: la Constitución de 1978. El eje vertebrador de su intervención se basó en tres preceptos constitucionales clave: el artículo 9.2, que establece que los poderes públicos deben eliminar los obstáculos para garantizar la participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida (social, cultural, económico, político); el artículo 14, relativo a la igualdad y la no discriminación; y el artículo 49, el precepto explícito que salvaguarda los derechos de las personas con discapacidad.

Según Sánchez, la conjugación de estos artículos establece la garantía para asegurar y proteger los derechos fundamentales de este colectivo. El jurista abordó la histórica relegación de los derechos de las personas con discapacidad a un segundo plano, hasta la aprobación de la Ley 8/2021, que logró que dejaran de ser considerados “objeto” para convertirse en “titulares de derechos”; y, posteriormente, la reforma constitucional del artículo 49, que blindó la protección explícita de este colectivo, impulsando un modelo social fundamentado en los derechos humanos, alejado del modelo médico rehabilitador.

Así, partiendo de esa base jurídica y normativa, el ponente ofreció una interesante charla en la que, además de repasar la evolución legislativa de estos derechos, recordó la necesidad de que, desde los poderes públicos se trabaje para “situar a las personas con discapacidad en el centro”, tratándolas como personas y titulares de derechos, y dotándolas de plena participación activa en cada una de las facetas de la sociedad.

Aunque aún queda un largo camino por recorrer, Sergio Sánchez aseguró que se está tomando un rumbo adecuado y recalcó que es una tarea de toda la sociedad asegurar los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, destacó el papel crucial de las entidades del tercer sector de acción social, como Laborvalía, en la defensa de los colectivos más vulnerables.